Nueva Ley de Educación Nacional
Reflexión de la Lic. María Cecilia Ávila Paz
Dada la convocatoria del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación para debatir el proyecto de una Nueva Ley de Educación Nacional que busca
derogar el marco jurídico en vigencia, el equipo editorial de 'Pc*0zyó<p¿co&
desea compartir con ustedes una reflexión que destaca algunos aspectos problemá
ticos del proceso de debate y elaboración de la Ley y cuestiona afirmaciones y silen
cios llamativos del documento base.
El 22 de mayo de 2006 se firma un
decreto presidencial, a partir del cual el Mi
nisterio de Educación, Ciencia y Tecnolo
gía de la Nación da inicio a un nuevo pro
ceso de debate educativo con el fin de ela
borar un proyecto de Ley de Educación
Nacional, que sería enviado durante el mes
de octubre de este mismo año al Congreso
de la Nación para su discusión, corrección
y sanción definitiva.
Dicho proceso, integrado por una pri
mera fase de consulta a instituciones y es
pecialistas, se formaliza en el mismo mes
de mayo de 2006; para esta fase y lejos de
la promesa de una amplia participación de
todos los sectores, no se convocó a todas
las Facultades de Educación de nuestro país
-donde se concentran la mayor parte de los
especialistas e investigadores capacitados
para analizar desde bases filosóficas y cien
tíficas el fenómeno educativo y las políticas
públicas que regulan las acciones del siste
ma educativo-, sino que se convoca a unos
pocos elegidos, según algún criterio que des
conocemos, a participar en un par de jor
nadas de reflexión a tal fin.
Durante el mes de junio, se lanza una
fase de consultas a la opinión pública en
general a través de encuestas distribuidas
a través de los principales diarios de alcan
ce nacional y el día 5 de julio se impone una
Jornada Nacional de Reflexión sobre el "Do
cumento base de la Nueva Ley de Educa
ción Nacional", documento que muy pocos
días antes llegara por correo a las escuelas
de todo el país.
El presente análisis se focaliza en el
texto de este documento, en algunas de sus
reflexiones más potentes, en algunos de sus
silencios más llamativos y en algunas de sus
afirmaciones, que han resultado para noso
tros, más significativas.
El citado documento convoca a docen
tes, padres, alumnos y demás miembros de
la comunidad educativa a realizar un "de
bate amplio y profundo" y a poner en dis
cusión, "no sólo el futuro de la educación
argentina" sino también "el modelo de país
para las próximas décadas", e insta a cons
truir "una nación con mayor justicia social"
afirmando con énfasis que la Nueva Ley de
‘Pcdaqóyicoá.. Año IV, N° 8, o ctubre 2006. Pag. 65-70
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Nueva Ley de Educación Nacional
Educación de la Nación "no debe constituir
se en una legislación para la coyuntura".
En la mayoría de las escuelas esta jor
nada generó una enorme resistencia, ya que
la premura de los tiempos previstos para
realizarla impidió una participación seria y
profunda de los directivos y docentes y mo
tivó que la presencia de padres y alumnos
fuera prácticamente nula. Esto nos lleva a
preguntar: ¿Es tan amplio y profundo un de
bate de una jornada como para obtener del
mismo los elementos de juicio necesarios
para tomar decisiones de tal peso y enver
gadura como derogar una ley para sancio
nar otra?
Como producto de esta jornada, se so
licita a los participantes de la misma que
respondan a un listado de 20 preguntas y
elaboren propuestas al respecto, con la con
signa explícita de enviar las mismas el día
7 de julio a las direcciones de educación
de cada nivel y jurisdicción, cuyas autori
dades debían, a su vez, reenviarlas a Na
ción en el lapso de 5 días, con lo cual per
siste en nuestro análisis la pregunta acer
ca del por qué de la urgencia, y a su vez
nos mueve a cuestionar: ¿Podrán ser pro
cesadas y analizadas en menos de un mes,
según el cronograma previsto, las propues
tas elevadas por las escuelas de todo el
país? ¿Con cuánta seriedad? ¿A través de
qué mecanismos podrán tabularse cientos
de miles de respuestas abiertas para su
análisis? .
Pero más allá de los acotados tiempos
y las espasmódicas urgencias -generalmen
te enemigas de las decisiones importantes-
de los gobiernos de turno, todos somos
concientes de que las falencias en la educa
ción de hoy limitarán el futuro de país, to
dos compartimos el deseo y realizamos
enormes esfuerzos para brindar una edu
cación de calidad y todos sabemos que si
no se invierte tiempo y recursos para la
educación, la Nación está y estará conde
nada al fracaso. Tenemos también la certe
za de que una jornada de reflexión, no pre
vista intencionadamente con el tiempo sufi
ciente, no significará el acuerdo ni mucho
menos la legitimación pública de un proyecto
de ley que por la premura prevista en el
cronograma, sospechamos ya existe y las
decisiones a este respecto ya han sido to
madas por los equipos técnicos que tienen
a su cargo el gobierno y administración cen
tral de la educación.
Por otra parte, si bien todos, aun los más
escépticos, vemos con agrado la preocupa
ción del gobierno nacional y de los funciona
rios del Ministerio de Educación por los pro
blemas educativos y sociales que diariamen
te y en una profunda soledad enfrentamos
los docentes en las aulas, nos sorprende, no
sin alarma el lamentable hecho de que desde
los organismos oficiales se pretenda instalar
públicamente la necesidad urgente de dero
gar la Ley Federal de Educación, sin una pre
via evaluación global y científicamente fun
damentada de sus resultados. Contrariando
el sentido común, las más sencillas leyes de
la lógica y las más actuales teorías del
planeamiento, se pretende reorientar la ac
ción sin un diagnóstico previo que nos indi
que científicamente el qué y el hacia dónde
iniciar el cambio, entonces nos preguntamos:
¿En qué se basan los equipos técnicos para
concluir la necesidad urgente de cambiar una
ley ignorada a lo largo de todo el documento?
En primera instancia, queremos hacer
les saber que nosotros sabemos que para
legitimar democráticamente una decisión
previamente tomada es necesario instalar
en la sociedad la preocupación por la temá
tica, tal como se realizara en otras oportu
nidades; y si bien también compartimos la
necesidad de revisar y establecer priorida
des y estrategias de solución a los proble
mas que hoy afectan a la educación del país,
con la misma fuerza sabemos que decidir
con urgencia acerca de cuestiones de
tamaña envergadura, puede traer conse
cuencias aun más negativas que las que se
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"Dvlí&yoJ 'Pctlaqóyteoá: Año IV, N° 8, octubre 2006. Pág. 65-70
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REFLEXIONES
pretenden solucionar. Y entonces vale la
pregunta: ¿Qué se necesita legitimar con
este tipo de participación?
Nos preocupa la perentoriedad y urgen
cia de los plazos, tanto como nos sorprende
la ingenua creencia de que los problemas
se solucionan imponiendo una nueva ley sin
previo diagnóstico y sin una consulta seria
a los especialistas, que cuando se habla de
educación somos los pedagogos de todo el
país y los docentes insertos en el sistema
actualmente en vigencia. Lo que nos lleva a
cuestionarnos: ¿A qué intereses políticos
responde esta urgente necesidad de legiti
mación pública?
Mas aún, nos vemos sorprendidos por
el hecho de que a lo largo de las páginas
del documento base para el debate, no sólo
se desconozca la evaluación de resultados
de la aplicación práctica de la Ley 24195/93
sino que no se nombre ni una sola vez ex
plícitamente la Ley Federal de Educación que
regula el sistema educativo desde su
promulgación en abril de 1993. Una ley que
mala o buena, con aciertos o errores, legiti
mada popularmente o exigida desde los or
ganismos internacionales, es la ley actual
mente en vigencia; y se proponga sin ro
deos recuperar el espíritu de la Ley 1420,
como si entre 1884 y hoy nada hubiera su
cedido en la política educativa del país. Fren
te a semejante ausencia, nos preguntamos:
¿Qué antiguos debates se pretenden reavi
var? ¿Es que ningún otro gobierno se ocupó
de la educación entre de la generación del
80 y el gobierno actual?
Si es que se espera realmente que la
Nueva Ley de Educación Nacional sea una
política de estado y no un instrumento de
gobierno para la coyuntura, nos resulta muy
extraña esta omisión, que no creemos fun
dada en la ignorancia de los equipos técnicos
-equipos que también participaron desde sus
aportes teóricos en la redacción de la Ley
Federal de Educación- sino en intencionadas
astucias de los que creen que hemos perdido
la memoria. Ante esto nos cuestionamos:
¿Qué es lo que provoca tanto rechazo de la
antigua ley, será la invocación al federalismo
que ostenta desde su misma nomenclatura?
¿Es que todavía hoy, pronunciarse a favor del
federalismo es sinónimo de lo que peyorati
vamente algunos autores identifican con
caudillismo provinciano? ¿Es que federalismo
y descentralización son necesariamente sinó
nimos de anarquía? ¿Es que nuevamente los
errores de implementación justificarán un
retorno al centralismo?
LIC. MARIA CECILIA AVILA PAZ
Licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en
Planeamiento, Supervisión y Organización Escolar. Profesora en
Filosofía y Ciencias de la Educación.
Docente de la Facultad de Educación de la Universidad Católica
de Córdoba. Miembro del Comité Editorial de la Revista científica
'Dtóíaytx*- 'Pcdoyócricod, y miembro del Consejo de Profesores de
la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba.
Directora de nivel secundario en el Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Do
cente de nivel medio y terciario. E-mail: gusceci@ciudad.com. ar
Nueva Ley de Educación Nacional
Si bien somos conciertes de que la ló
gica economicista sobre la que se arbitró la
descentralización ha repercutido severa
mente en la fragmentación del sistema edu
cativo, lo que ha provocado desigualdades
en la calidad entre provincias y sostenemos
que el estado nacional debe prescribir
lineamientos políticos claros para regularlo
con justicia e igualdad, también creemos que
la Nueva Ley de Educación debe continuar
siendo respetuosa de las
autonomías pro
vinciales, locales e institucionales y refor
zar la gestión descentralizada y democráti
ca, propias del sistema federal de nuestra
república.
Profundizando aún más en el análisis
teórico de la propuesta del gobierno, que sin
duda quiere instalar simbólicamente su ima
gen transformadora, a pocos meses de las
elecciones, compartimos en muchos aspec
tos la crítica al modelo neoliberal salvaje al
que hemos sido sometidos durante muchas
décadas; sin embargo, también sabemos que
cuando la crítica no se realiza sobre los prin
cipios filosófico-políticos que fundamentan el
modelo, o bien esa crítica es vacía y superfi
cial y concluye reafirmando lo que pretende
negar, o bien utilizando los mismos mecanis
mos criticados, que solapadamente se en
mascaran en la legitimación de una ficticia
participación popular, se intenta imponer un
nuevo modelo de estado sin discutir sus prin
cipios. Entonces, nos preguntamos amplios
sectores de la población: ¿Hacia qué modelo
de país nos dirigimos?
Esta Nueva Ley de Educación se sus
tenta, según creemos, en los mismos pila
res teóricos y en los mismos mandatos eco-
nómico-políticos internacionales que propi
cian entre otros los principios: identidad na
cional, democratización, productividad, jus
ticia social, Integración internacional, parti
cipación, igualdad de oportunidades, aper
tura al consumo de nuevas tecnologías, etc...,
principios todos también declarados y de
clamados por la ley anterior. ¿Es que su sola
reafirmación en esta nueva ley garantizará
que los mismos efectivamente se cumplan?
Si la mayor parte de las críticas realizadas
desde el gobierno actual se refieren a la
implementación de dicho modelo y no al
modelo implementado: ¿Es necesaria real
mente la sanción de una nueva ley o basta
ría reformar la anterior y/o tan sólo decidir
se a cumplirla y a hacerla cumplir?
A su vez, nos preocupan profundamente
algunos enunciados que aparecen sutilmente
y como al pasar a lo largo de las páginas del
documento para el debate; tales como la afir
mación de que "la educación es un derecho
social", este enunciado nos preocupa particu
larmente a los que consideramos que la edu
cación es un derecho de la persona, es un
derecho natural y por lo mismo es la persona
la que exige que la sociedad la demande y el
estado garantice una educación de calidad
para todo y todos los hombres. Cada perso
na tiene derecho a una educación de calidad
y cada estado la obligación de garantizar el
ejercicio de este derecho natural de la perso
na y no viceversa.
El estado debe garantizar la educación
a toda persona que por el solo hecho de
haber sido concebida -y no meramente na
cida como se afirma como al pasar en la
página quince del presente documento- es
persona y por ende sujeto de derecho, al
menos para la filosofía que sustenta la Cons
titución Nacional y todos los marcos legales
que desde la misma se desprenden. Es en
tonces que nos preguntamos: ¿A qué obe
decen tamañas confusiones y omisiones f¡-
losófico-políticas en equipos técnicos tan
formados académicamente? ¿Es éste el nue
vo modelo de estado hacia el cual nos di
rigimos, un estado que sólo reconoce per
sona y sujeto de derecho a los nacidos...?
También compartimos con el gobierno
la afirmación de que la educación es un bien
público, pero al nombrar permanentemente
y con tanto énfasis la educación pública: ¿In
cluye en igualdad de condiciones la educa
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"Pt<(ayó<fico¿.. Año IV, N° 8, octubre 2006. Pág. 65-70
ción pública de gestión estatal y privada,
ambas de raigambre pública? Y si las condi
ciones son las mismas: ¿Por qué se requeri
ría el tratamiento de la educación privada en
una ley especial, si desde siempre han con
vivido desde los mismos marcos normativos?
Creemos también, tal como se enuncia
en el documento, que es un derecho inaliena
ble de cada familia decidir sobre la orienta
ción de la educación de sus hijos y por lo
mismo el Estado debe garantizar esta liber
tad propiciando y sosteniendo moral y eco
nómicamente la educación de gestión priva
da, garantizando también el derecho de la
familia de optar si será el Estado el que se
ocupe de la formación de sus hijos en sus
primeros años de la vida, por lo que cree
mos arbitraria la propuesta de convertir en
obligatoria la educación entre los 0 y 4 años,
período en el cual la familia cumple un rol
irremplazable en el desarrollo cognitivo,
emocional, ético y espiritual del niño.
También acordamos sobre la necesidad
de ofrecer una educación de calidad sólida
mente fundamentada en la ciencia y en la
ética, sin embargo tenemos muy en claro
que los valores éticos no se fundamentan
en la ciencia, como se enuncia en el docu
mento. Nos resulta alarmante el sincretismo
y la liviandad con la que desde el gobierno
se postulan afirmaciones que contradicen
toda la tradición filosófica de un país como
el nuestro, que jamás ha consentido a las
relativistas afirmaciones que sustentan los
valores en una convención científica.
Este pretendido desliz teórico que apa
rece en la página dieciséis no es admisible
y nos oponemos con toda la fuerza a la im
posición solapada de posicionamientos teó
ricos que de ninguna manera compartimos.
Podremos dialogar y aun acordar sobre cier
tas cuestiones, pero no vamos a admitir que
se avasallen livianamente los principios, ni
que se nieguen los valores permanentes
sobre los cuales se asienta toda la tradición
jurídica y filosófica de nuestra nación.
Éstos no son simples errores provoca
dos por ia urgencia, son cuestiones ideoló
gicas cuya imposición solapada no estamos
dispuestos a tolerar. La ética no se funda en
la ciencia, ni todos los valores son relati
vos, como al pasar se afirma en el presente
documento. Y reiteramos la pregunta: ¿Es
éste el nuevo modelo de estado que se pro
picia, un estado que impone ideología tras
el velo de la participación?
En cuanto a las propuestas innovadoras,
que creemos no son demasiadas, coincidi
mos en la importancia de la recuperación de
las escuelas técnicas, en los beneficios de la
extensión de la obligatoriedad y en la inclu
sión de la jornada extendida para los secto
res más vulnerables, en tanto y en cuanto
se prevean las partidas presupuestarias su
ficientes para poder sostenerlos de manera
efectiva, de modo tal que no constituyan
meras declaraciones de deseo y se sosten
gan en propuestas curriculares que apunten
a la calidad de la educación y no a la conten
ción social de poblaciones en riesgo, recar
gando aún más la responsabilidad de los
docentes y desviando la función específica
de las escuelas, devenidas en algunos ca
sos, desde hace ya mucho tiempo, en co
medores escolares, en centros asistenciales,
cuando no en agencias de prevención y con
trol de la violencia social.
Sin duda, son muchos los aspectos que
podríamos analizar, tanto a nivel ideológico
como práctico; sin duda, son muchos los
actores que desde distintos ámbitos, nive
les y circunstancias deben ser llamados a
participar en decisiones de tamaña enver
gadura como es la redefinición del marco
normativo que regulará la educación durante
las próximas décadas; sin embargo, cree
mos que son los docentes el pilar básico de
cualquier transformación y estamos segu
ros de que debe invertirse y controlarse fun
damentalmente la formación docente tanto
en la gestión oficial como privada y subsidiar
las transformaciones necesarias para ase
T^edayocficoí. Año IV, N° 8, octu bre 2006. Pág. 65-70
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Nueva Ley de Educación Nacional
gurar el nivel de calidad de todas las pro
puestas de los institutos de formación y en
las ofertas de actualización permanente.
También creemos necesario repensar
el rol de la escuela media, en especial las
designaciones de los docentes, incorporan
do tiempos, espacios y cargos rentados que
permitan realizar seriamente y con el debi
do tiempo los ajustes necesarios para la
educación de los jóvenes y adultos, de quie
nes depende el futuro de nuestra nación.
Éstas son sólo algunas reflexiones en
torno al documento para el debate que des
de el gobierno de la nación se envió a las
escuelas para su discusión. Debemos espe
rar ahora los resultados de la consulta y la
primera redacción del proyecto de ley que,
según el cronograma, se prevé reenviarán
para su análisis en el mes de septiembre y
como instancia final del debate previo a la
formulación definitiva de esta Ley Nacional
de Educación. Ley que, más allá de toda
crítica y sospecha posibles, todos preten
demos permita revertir muchos de los com
plejos problemas que diariamente enfren
tamos los educadores de todo el país, con
magros sueldos pero con enormes esperan
zas y raíces.
Lic. María Cecilia Ávila Paz
Córdoba, 4 de septiembre de 2006
70 'PcdaqÁqte&í. Año IVN° 8, octubre 2006. Pág. 65-70
